La Ley que no quiso escuchar

Posted on 3 marzo, 2011 por

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El 15 de febrero de 2011, la Red  sufría un duro traspié. Tras una larga pelea entre los intereses ciudadanos y las intenciones del gobierno, la Ley Sinde se implantó casi por sorpresa, entrando por la puerta de atrás y causando una ola de indignación y frustración entre los usuarios. Llena de polémica y motivaciones cuestionables, la Ley se ha convertido en la brecha que separa definitivamente a la cultura y a su público. Para explicar qué ha pasado y pasará, está David Maeztu, abogado riojano e implicado en el barullo legislativo de este complicado proceso.

David Maeztu

La que hoy se conoce como “Ley Sinde” viene a ser, realmente, la Disposición Final Segunda de un proyecto mucho más amplio: la Ley de Economía Sostenible – una iniciativa legislativa que buscaba modernizar la economía española en tres sectores principales: el financiero, empresarial y medioambiental.

En este sentido, podría considerarse irónico o peculiar que la que no fuere más que una disposición, pasase a conocerse mejor que la Ley que la articulaba.

Mucho se ha dicho y comentado sobre la fatídica Ley. Son pocos los que desconocen los detalles de su proyecto aunque, al mismo tiempo, también son pocos los que conocen los auténticos pormenores de su gestación.

David Maeztu es abogado y conoce de primera mano las gestiones y maniobras políticas que llevaron a la formulación de la ley; él mismo fue testigo personal de las reuniones llevadas a cabo por la Academia de Cine, entonces dirigida por Alex de la Iglesia, para tratar de establecer un acuerdo con los internautas.

Tras acudir como letrado especialista en la materia, Maeztu fue el primero en proponer un texto alternativo a la Ley Sinde, que suavizase las acciones y consecuencias de dicho mecanismo. No obstante, lejos de tomarse como una posibilidad abierta al cambio, el manifiesto fue mediatizado de mala manera y las discrepancias se cebaron con la figura de su autor.

Con todo, Maeztu ha sabido poner el punto y aparte, aclarando cual es su posición con respecto a la ley:

“A nivel político se ha gestionado muy mal la comunicación, incorporándose en una tramitación de una ley que no tiene nada que ver y distorsionando el debate. Además, ni se ha dialogado en su proceso de elaboración ni se ha tenido en cuenta las serias objeciones jurídicas que plantea y que han manifestado numerosos juristas e instituciones.”

Tras su paso por las infructuosas reuniones con la Academia, el abogado reconoce que quienes han fallado en el asunto han sido, claramente, los responsables políticos de su tramitación.

“En primer lugar, por ningunear el trabajo del Parlamento, ya que había una subcomisión estudiando la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual durante más de un año. En segundo lugar, por la forma y lugar de la ley, dentro de una disposición final de una ley complejísima y muy extensa. En tercer lugar, por las formas de su aprobación en el Congreso y en el Senado, negociada con aspectos ajenos a la calidad o eficacia real del texto.

Y por último, por su contenido, claramente innecesario, ineficaz y muy posiblemente declarado inconstitucional.”

Se habla, por tanto, de error, de problema, de malas formas e inconstitucionalidad de una norma que, a partir de ahora, afectará a todos los ámbitos de Internet indiscriminadamente – especialmente aquellos relacionados a las descargas de contenidos audiovisuales.

La nueva normativa se promulga así en contra de las páginas web de enlaces y descargas ilegales. O, por lo menos, esto es de lo que más se habla.

“Se habla de error, de problema, de malas formas e inconstitucionalidad de una norma que, a partir de ahora, afectará a todos los ámbitos de Internet indiscriminadamente”

En realidad, según David Maeztu, los responsables de la ley no han especificado los objetivos completos de la misma, pero su contenido alcanza, en realidad, a cualquier vulneración de la propiedad intelectual.

Dicha afirmación debe asumirse en el contexto de una Ley de Propiedad Intelectual en la que todo lo digital ha causado, desde siempre, conflictos y fricciones por la interpretación de la norma.

“Por ejemplo,” explica Maeztu, “si yo pongo un artículo en un blog en el que cito un párrafo de un libro de un autor reciente, no puedo acogerme al derecho de cita, ya que éste derecho, en nuestra Ley, está limitado al ámbito de la docencia e investigación.”

Dicho de otro modo, según la ley en su redacción actual, no podría usarse cita alguna en un blog o escrito no lucrativo – aunque sólo sea para contextualizar – sin incurrir en una infracción del derecho de la propiedad intelectual.

De la misma manera, esto sucede con música, fotografía o videos de cualquier índole y en cualquier situación, lo que lleva a pensar que, quizá, esto sea “un primer mecanismo de control del poder político en internet”, como bien indica el abogado.

Entre este ‘festín’ de conflictos e impugnaciones, surge la duda recurrente desde el caso “Cablegate”: ¿Qué y cuánto ha tenido que ver en esto la política Estadounidense?

“Respecto de las presiones, los cables de wikileaks revelan como este asunto ha sido prioritario en las relaciones España-EEUU en los últimos años y como esta ley nace como un intento de satisfacer unas demandas concretas de los intereses estadounidenses en la materia,” comenta Maeztu.

No era sospecha de nadie hasta que se publicaron los cables relacionados a los intercambios EEUU-España con respecto a las estrategias anti-descargas. Junto a la sorpresa colectiva por las revelaciones de Wikileaks, se abrió la herida del usuario medio cuando se comprendió por qué, exactamente, se había retomado una propuesta que se daba por fallecida.

Como quien apunta en la pizarra a los niños que hablan en clase, EEUU tomó nota de España en su lista negra, la “Lista especial 301”, por no “hacer los deberes” y tomar las medidas “sugeridas”. Un sutil uso de los términos “especial” y “sugeridas” – sin olvidarse de las comillas.

De este modo, mientras EEUU le da a España la apropiada palmadita en la espalda, desde otros lugares se interpretan las medidas  y la situación general con incomprensión e incertidumbre.

Si bien es cierto que la Ley Sinde cuenta con pocos precedentes, no es la primera propuesta de este tipo que llega al mundo. La Ley Hadopi, de Francia, entró en vigor el pasado 1 de Julio de 2010. Conocida también como la “Ley de los tres avisos”, ésta tenía por objeto regular y controlar internet para perseguir las infracciones de Copyright. Para ello, la Ley no ponía reparos a emprender acciones legales contra el acceso a internet del propio usuario – un aspecto que, por comparación, hace a la Ley Sinde parecer más positiva, según David Maeztu.

Por su parte, los EEUU contaban ya desde 1998 con la “Digital Millenium Copyright Act” – un acta que criminalizaba, además de la infracción de la propiedad intelectual y los derechos de reproducción, la producción y distribución de tecnología que permitiese sortear las medidas de protección del copyright.

“Criminalizar”, convertir en criminal al usuario, arremeter contra su persona. Dura sentencia, la de los EEUU.

“Anonymous se concentra con intenciones claras: castigar aquello que no considera justo”

A la contra de esta represión, Anonymous. Constituidos como una “mente de colmena”, Anonymous son grandes grupos de internautas, surgidos de los bajos fondos de los foros “4chan”. Sin nada más que los una que motivaciones y objetivos específicos, esta agrupación no tiene líderes ni emblemas, no tiene manos, ni cabezas que cortar (como bien han intentado ya los del FBI).

Repartidos por el mundo, Anonymous se concentra con intenciones claras: castigar aquello que no considera justo. Reconocidos por su papel en la defensa de Wikileaks, el siguiente paso de este diseminado grupo fue establecer su rechazo a la Ley Sinde, mediante notificaciones que a menudo se “colaban” en importantes páginas gubernamentales.

El colectivo ha anunciado que, tras su paso por los premios Goya, convocarán manifestaciones en Madrid y Barcelona contra “la quema de libros en la era digital”. Si no son oídos, seguramente se aventurarán a dar el siguiente paso – su especialidad: los ataques DDoS a importantes sedes digitales gubernamentales.

Las suyas son las voces del descontento – nacional e internacional – de la sorpresa y la rabia, de la perplejidad y la inseguridad. Sus métodos, quizá no los más éticos, representan el enfado contra una Ley que pisa sin miedo en el terreno de lo inconstitucional, haciendo caso omiso a las miles de peticiones y sugerencias del pueblo.

Una Ley que se ha hecho mal y precipitadamente por las presiones de los amos del mundo, por el miedo de los subordinados. Proyectos que podrían haber sido pasado a limpio y se han quedado en un borrador, sucio y malpensado.

“Así que”, concluye David Maeztu, “como cualquier cosa que se ha hecho mal, se podría haber hecho mejor. El problema es que se sabía cómo hacerlo mejor y no se ha querido escuchar.”

 

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